La investigación sobre la conducción de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) sumó un giro político de alto voltaje. El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria del secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, y del diputado de La Libertad Avanza, Pablo Ansaloni, junto a otros cuatro dirigentes y funcionarios, acusados de articular un plan para intervenir el sindicato y su obra social.
El pedido, dirigido al juez federal Sebastián Casanello y fechado este lunes, se apoya en pruebas reunidas tras la denuncia del actual secretario general de la UATRE, José Voytenco, y en una instrucción que incluyó allanamientos, peritajes y análisis de comunicaciones.
Carpetas, dispositivos y contactos
El 21 de febrero un operativo en la sede de la obra social OSPRERA permitió incautar carpetas digitales identificadas como “Compras” y dispositivos electrónicos. Según el requerimiento, allí quedaron al descubierto maniobras para desplazar a las autoridades electas del gremio mediante una intervención impulsada desde la Secretaría de Trabajo.
Marijuan enumeró como imputados a Ansaloni; Cordero; Claudio Aquino, director nacional de Asociaciones Sindicales; Marcelo Petroni, interventor de OSPRERA; Marcelo Andrada, ex secretario de la seccional La Plata; y Aixa Petriati, ex subdelegada bonaerense.
En su escrito, el fiscal sostuvo que “se encuentra reunido el grado de sospecha contemplado por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación”, lo que justifica la citación a indagatoria.
El trasfondo sindical
Voytenco denunció que tras la derrota de Ansaloni en las elecciones de 2022 se habrían sucedido maniobras para tomar el control del gremio. El 29 de enero, Aquino firmó un dictamen pidiendo la intervención judicial de la UATRE, lo que derivó en una resolución de Cordero.
Según la acusación, el plan incluyó la designación de allegados en cargos clave y contratos por servicios no prestados, con un perjuicio patrimonial para la entidad.
“Desde fines de 2024 Marcelo Andrada, Pablo Ansaloni y Aixa Petriati, invocando tener influencias en dependencias de la Secretaría de Trabajo y en el Poder Judicial de la Nación, habrían anunciado públicamente que lograrían la intervención de la UATRE”, afirmó el denunciante.
El seguimiento judicial
La fiscalía reunió pruebas a partir de informes de Gendarmería, sumarios de la Policía Federal, registros de ingresos a dependencias oficiales, cámaras de seguridad y peritajes sobre teléfonos y computadoras. Entre los hallazgos figuran comunicaciones frecuentes entre Petroni, Ansaloni, Cordero y Petriati, además de referencias a reuniones con el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
También se documentaron ingresos de Ansaloni en siete ocasiones a la Secretaría de Trabajo entre agosto de 2024 y enero de 2025, así como reuniones de Andrada y Petriati con funcionarios del área.
La intervención frustrada
En paralelo, la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo rechazó el pedido cautelar de la Secretaría de Trabajo. El juez Carlos Pose señaló que “la petición estatal resulta improcedente” porque rige el principio de libertad sindical. La jueza Gabriela Vázquez coincidió en que no estaban dadas las condiciones excepcionales que habilitan una intervención.
En su dictamen, Marijuan aseguró que la prueba “permite tener por acreditada la hipótesis delictiva denunciada, corroborándose las relaciones y el rol que tuviera cada una de las personas cuya indagatoria aquí se solicita”.
El escrito concluyó que los imputados, “sacando provecho de los cargos e influencias que tuvieran dentro del ámbito de la función pública y como representantes sindicales, fueron gestando y ejecutando el acuerdo criminal dirigido a lograr la intervención judicial de la UATRE”.
La causa sigue en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas en función de la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados.
